En un comunicado fechado el 14 de octubre, el cardenal Víctor Manuel Fernández, prefecto del DDF, informó que el grupo «ha estado trabajando fructíferamente» y solicitó la confirmación de Iannone como su líder «para mantener la coherencia y el impulso del esfuerzo».
Una iniciativa del Vaticano para definir y codificar el «abuso espiritual» en el derecho canónico ha dado un paso decisivo, ya que el Papa León XIV confirmó que el arzobispo Filippo Iannone permanecerá al frente del grupo de trabajo especializado, a pesar de su reciente traslado para dirigir otro departamento del Vaticano.
El grupo de trabajo, supervisado conjuntamente por el Dicasterio para la Doctrina de la Fe (DDF) y el Dicasterio para los Textos Legislativos, fue creado por el Papa Francisco en noviembre de 2024 para abordar lo que los juristas de la Iglesia han descrito como una de las lagunas legales más urgentes del derecho canónico. El mandato del grupo es determinar cómo el abuso espiritual —a menudo vinculado a la manipulación, la coerción y el abuso de autoridad en entornos religiosos— debe clasificarse formalmente como delito canónico.
El arzobispo Iannone, carmelita y experimentado abogado canónico, fue designado inicialmente para presidir el grupo en su calidad de prefecto del Dicasterio para los Textos Legislativos. Cuando el Papa León XIII lo transfirió en septiembre de 2025 al frente del Dicasterio para los Obispos, algunos observadores temieron que el cambio pudiera paralizar el delicado proceso de elaboración de normas legales. Sin embargo, una decisión anunciada garantiza la continuidad.
En un comunicado fechado el 14 de octubre, el cardenal Víctor Manuel Fernández, prefecto del DDF, informó que el grupo «ha estado trabajando fructíferamente» y solicitó la confirmación de Iannone como su líder «para mantener la coherencia y el impulso del esfuerzo». El Papa aceptó la propuesta cuatro días antes durante una audiencia privada con Fernández, lo que garantizó la estabilidad del proyecto en una etapa crítica.
La continuidad del liderazgo fue recibida con discreción por quienes seguían las reformas internas del Vaticano. La firmeza de Iannone, señalan, había sido fundamental en la implementación de la reorganización curial más amplia de Francisco, que buscaba simplificar las estructuras y fortalecer la supervisión de los asuntos canónicos. Su nuevo puesto en el Dicasterio para los Obispos —tradicionalmente uno de los departamentos más influyentes de la Santa Sede— fue visto tanto como un ascenso como una señal de confianza del nuevo pontificado.
El momento de la solicitud de Fernández no fue casual. Se produjo justo un día después de que se designara un tribunal vaticano de cinco jueces para conocer el caso del padre Marko Rupnik, el artista jesuita esloveno acusado de abusar sexual y psicológicamente de varias mujeres adultas. El escándalo en torno a Rupnik ha sido uno de los más dolorosos para la Iglesia en la historia reciente, en parte porque expuso cómo ciertos patrones de coerción y manipulación espiritual —aunque no están definidos explícitamente en el derecho canónico— pueden devastar a las víctimas y, al mismo tiempo, ser difíciles de procesar.
Actualmente, el derecho canónico no tipifica claramente el «abuso espiritual» como un delito específico. En cambio, este tipo de comportamiento suele caer en categorías ambiguas, lo que limita las herramientas de rendición de cuentas para investigadores y tribunales. El nuevo grupo de trabajo busca cerrar esta brecha identificando y codificando qué constituye abuso espiritual, sus sanciones canónicas y las formas de autoridad bajo las cuales puede ocurrir.
Expertos legales y teológicos llevan mucho tiempo presionando por esta reforma. Argumentan que la Iglesia debe reconocer no solo las violaciones físicas o sexuales, sino también los abusos de conciencia y fe que pueden surgir en relaciones de dependencia pastoral, donde la obediencia, la confianza y la dirección espiritual pueden utilizarse como arma.
Si el grupo de trabajo completa su tarea antes de la conclusión del juicio de Rupnik, este caso podría convertirse en el primero en el que se invoque el delito canónico recién definido. Este avance marcaría un hito en la lucha continua de la Iglesia para enfrentar el abuso en todas sus dimensiones: física, psicológica y, ahora, explícitamente, espiritual.
Detrás del lenguaje jurídico técnico se esconde un cambio cultural más profundo. La decisión del Vaticano de sistematizar el concepto de abuso espiritual señala una creciente conciencia de que el sistema de justicia interna de la Iglesia debe evolucionar para reflejar las complejidades de la vida eclesial moderna. Para muchos, representa la lenta pero tangible maduración de la respuesta de la Iglesia a la autoridad desviada.
Como observó un abogado canónico en Roma: «El desafío no es solo castigar las malas acciones, sino proteger lo sagrado en la relación entre los fieles y sus pastores. Definir el abuso espiritual es una forma de defender la confianza espiritual misma».
Fuente: zenit.org
